KIUO
El lunes pasado, el gobierno de Obama publicó un memorándum, donde dice que el gobierno federal dejará de desperdiciar a los agentes de policía, al presupuesto de la fiscalía (y de su corte correspondiente) en arrestar y allanar farmacias de marijuana medicinal o a sus pacientes, lo que muestra el siguiente paso lógico en lo que ha sido un caso ejemplar de una campaña de organización desde abajo.
La historia es instructiva en como cada pequeño paso lleva a un gran cambio, y es digno de estudio por todos los que claman por el progreso en muchos frentes: desde el lograr la atención en el sistema de salud, a ponerle fin al embargo estadounidense contra Cuba, a lanzar la reforma inmigratoria, a revisar el sistema económico en su totalidad, hasta todos y cada uno de los “problemas” por el que uno podría abogar.
Gran parte de mi trabajo como periodista en los años 80 y 90 se dió en el campo de la información de la política de las drogas de los Estados Unidos y de los movimientos que pretendían reformarla o derogarla. Tuve asiento de primera fila en los debates y discusiones—siempre apasionados, y casi siempre con rencor—entre abogados y organizaciones que buscaban cambiar esas leyes. Había tensiones naturales entre, por ejemplo, aquellos que veían la prohibición de las drogas como la causa de tanto daño, violencia e injusticia y concluyeron (como yo) que la derogación de leyes prohibicionistas en contra de todas las drogas—incluyendo las que son adictivas o causan riesgos claros a los usuarios—es un paso necesario para cualquier sociedad que anhela respirar auténticamente libre. Otros, representantes de decenas de millones de estadounidenses que usan la marijuana de forma recreativa o médica, simplemente querían crear su propio derecho a hacerlo en paz, sin tomar mucho en cuenta los daños relacionados con la sociedad, específicamente a personas que no eran demográficamente como ellos.
Se habrán celebrado conferencias, y esos asuntos de filosofía y estrategia serían discutidos enérgicamente, pero mientras tanto, la guerra contra las drogas ya estaba en marcha, literalmente como una guerra—con sus propios armamentos, prisioneros de guerra, y cifra de muertos—de los Estados Unidos en contra de su propio pueblo y en contra de muchos en otras tierras.
A mediados de la década de 1990, algunos defensores con visión a futuro de la reforma a la política contra las drogas concluyeron que el asunto central—ya sea que las drogas recreativas sean legalizadas o no—era simplemente demasiado grande y confuso para que el público le hiciera frente de una sola vez. Incluso la cuestión de legalizar la relativamente inofensiva marijuana fue abrumadora en términos de la opinión pública. La gráfica de sondeo de Gallup de arriba muestra que en 1996 solo el 25 por ciento de los estadounidenses apoyaban la legalización de la marijuana, con un 73 por ciento en contra. Cualquier estrategia organizativa con un número tan abrumador en contra, que optara por la polarización sobre la organización estaba condenada al fracaso .
Así, algunas voces pioneras y organizadoras sentaron el camino para el cambio progresivo. Eligieron golpear duro una grieta del frágil edificio de la guerra contra las drogas: cuando incluso tres cuartos de los estadounidenses no querían que la cannabis se legalizara para ninguno, una masa crítica que tenía graves dudas acerca de las políticas que perseguían a las personas enfermas—con glaucoma, SIDA, esclerosis múltiple y otras enfermedades—que necesitan la planta como medicina.
Los debates de hoy en día en torno al sistema de salud y otros asuntos hacen eco de aquellos que tuvieron lugar a mediados de los 90 en torno a la reforma a la política de las drogas. Aquellos que se embarcaron en una estrategia de cambio gradual fueron muchas veces desdeñados por los aliados naturales que decían que el camino gradual no se movía lo rápida ni profundamente necesario. En algunos casos, organizaciones enteras fueron destrozadas y grupos disidentes se formaron en su lugar, compitiendo por los mismos partidarios y financiamientos. Todos sabemos como continúa la historia. Por las divisiones, egos y rencores, amistades del medio de la reforma a la política de las drogas se perdieron también. Siempre han habido, y seguramente siempre habrán, aquellos que sostienen que, al instar a un cambio progresivo un movimiento abandona sus principios fundamentales. Pero al final, la historia se mueve un paso a la vez, y más a menudo emergen triunfantes aquellos que caminan en lugar de apresurarse.
Trece años más tarde, aquellos que representaron la estrategia progresiva demostraron que su camino fue correcto, de hecho, profético. En 1996—sobre las objeciones de algunos grupos e individuos de la legalización de la marijuana—los ciudadanos de Arizona y de California colocaron los referendos sobre la marijuana medicinal en las boletas de votación de sus estados. La medida de California—la legalización de la posesión de hasta ocho onzas o 18 plantas—se aprobó con el 56 por ciento de apoyo. En Arizona—que se pensaba como un estado más “conservador”—la medida que permitió a los médicos recetar la marijuana medicinal obtuvo el 65 por ciento de los votos (ahí, la legislatura estatal rápidamente derogó la nueva ley, para que los ciudadanos la pusieran de nuevo a votación y repitieran su triunfo.)
El cambio del mero activismo y promoción de una estrategia de referéndum obligó, también, a que franjas importantes de los movimientos por la reforma a la política de las drogas entraran en una nueva fase: el de la organización de la comunidad. En muchos estados, el sometimiento a referendos requería la recolección de firmas, lo que significaba que los partidarios de la reforma tuvieran que salir del ciclo de reuniones interminables y de debates internos para salir a la calle, puerta a puerta, para reclutar a personas del público general. Una vez que tuvieron las leyes propuestas en las boletas, pasaban a las campañas para lograr el voto. Esto marcó un cambio de paradigma en lo que había sido un movimiento auto-marginado por la reforma: fue una llamada de atención.
En 1998, otra vez mediante la aplicación de la estrategia de organizar a la comunidad, los estados de Oregon, Washington y Alaka siguieron el ejemplo con medidas similares. En 1999 siguió Maine. En 2000, en Colorado, Hawaii y Nevada los votantes hicieron lo mismo. Desde entonces, Montana, Nuevo México, Michigan, Rhode Island y Vermont se convirtieron en estados con marijuana medicinal, y Maryland permitió su uso médico como defensa en los tribunales. Cuatro de esos estados—California, Colorado, Nuevo México y Rhode Island—han legalizado clínicas y farmacias en donde la cannabis se puede distribuir legalmente a los pacientes que la necesitan.
Durante estos años—la batalla se ha centrado principalmente en California—los gobiernos federales de William Jefferson Clinton y George W. Bush no respetaron esas expresiones de voluntad democrática y enviaron a la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) y a fiscales federales para allanar clínicas de marijuana medicinal, y multar y arrestar a sus proveedores y pacientes por igual. Mirando de nuevo la gráfica de Gallup, se puede ver como en esos años la opinión pública, en la cuestión más amplia de la legalización de la marijuana para todos aquellos que la quieran, ha tomado un rápido giro hacia la derogación lisa y llana de la prohibición.
La fase de organización de la comunidad—la de los referendos a nivel estatal—dió rápidamente luz a un movimiento de resistencia civil de buena fe: uno en el que decenas de miles de estadounidenses se comprometieron abiertamente a la desobediencia civil no violenta en contra de la ley federal para aplicar las nuevas leyes estatales que permiten la distribución de marijuana medicinal a sus pacientes. Las redadas federales en contra de las farmacias de cannabis y en contra de sus pacientes, provocaron la conciencia pública y demostraron la inmoralidad fundamental y la ineficacia, no solo de la aplicación de la fuerza federal estadounidense en contra del uso medicinal de la marijuana, sino también de la prohibición en su totalidad. Y sobre la cuestión más amplia, la opinión pública dio un movimiento marcado hacia la legalización de la marijuana.
De acuerdo con Gallup, en los estados occidentales, una mayoría absoluta del 53 por ciento de los ciudadanos está a favor de la legalización de la marijuana, comparado con el 46 que está en contra. Todo eso tiene mucho sentido: esos estados son precisamente el racimo que lideró la carga en la pequeña cuestión de la marijuana medicinal y donde la organización comunitaria y la resistencia civil han obtenido el mayor apoyo y atención: así, hay un efecto casual de dicha organización y resistencia en la opinión pública.
Con este cambio en la opinión pública, llegó un candidato presidencial destacado en 2007 y 2008, quien se comprometió a poner fin a las redadas a las farmacias que distribuyen marijuana medicinal en los estados en que son legales, y tan solo a diez meses de su inauguración, el Presidente Obama ha cumplido esa promesa, una que no fue idea suya, sino mas bien de su oreja de organizador que fue capaz de escuchar el estruendo que había sido causado por la organización de abajo. Y con ese cambio de paradigma en la política federal, esperamos ver a la opinión pública seguir rompiendo abruptamente en favor de la derogación de la prohibición total.
Los libros de texto de historia llevarán impresos en el futuro el como los Estados Unidos derogaron la prohibición a la marijuana (algo que seguramente vendrá en nuestro tiempo de vida) y que fue la estrategia de cambio gradual la que abrió la puerta para el cambio fundamental. Lo mismo será dicho de como los Estados Unidos pusieron fin al embargo contra Cuba (garantizando a los cubano-estadounidenses su derecho a viajar a la isla, extendiendo inexorablemente esa libertad a todos los ciudadanos estadounidenses). Lo mismo será escrito sobre la política de inmigratoria. Y—si se puede pasar de las quejas sobre si la reforma al sistema de salud llega lo suficientemente lejos o no—yo creo que un camino similar de pasos graduales para el cambio provocará una dinámica similar hacia el cambio total. Los momentos de las revoluciones—que suceden cuando el cambio gradual es imposible por la naturaleza autoritaria del régimen—asi es como el cambio suele ocurrir.
Han habido muchos, muchos héroes y heroínas anónimos en estas batallas de organización y resistencia que en solo trece años han cambiado la opinión pública sobre la prohibición de la marijuana—a menudo con gran riesgo y sacrificio de su propia libertad y seguridad—pero será reservado un lugar muy especial en la historia para Ethan Nadelman, hoy día el director de la Alianza por la Política de las Drogas. Es justo que sea reseñado favorablemente en el último número de la revista Newsweek. Regresando al principio de los años 90, fue Nadelmann quien unió y dio voz a las narrativas dispares y a defensores que trataban de lanzar una estrategia para el cambio gradual, y no solo sobre la política exclusiva de la marijuana, pero también con medidas de “reducción del daño” concernientes a los problemas que la prohibición trajo a los usuarios y a la sociedad cuando se trata de otras drogas.
Él y decenas de miles de estadounidenses que tocaron puerta por puerta para poner los referendos en las boletas, y quienes posteriormente se arriesgaron en su resistencia civil en contra de las redadas federales a las clínicas, han atravesado el umbral de la historia, y desde el impulso de este triunfo más reciente, como resultado vivirán para luchar y dar paso a cambios más radicales en la política de las drogas de los Estados Unidos. La victoria de esta semana ofrece ahora un plan de trabajo para los organizadores de cada uno de los 50 estados para profundizar el cambio de las políticas, haciéndolo a nivel estatal. (Ninguna victoria llega a un final: ésta abre la puerta para la siguiente.)
Pero también aquí hay una lección para los cínicos que, en lugar de participar en la organización de la comunidad y en las campañas de resistencia civil, prefirieron hablar basura en contra de los movimientos graduales para el cambio de cualquier frente de la política y posaron como algo más “radical” o “puro”. Éste último cambio de paradigma en la política estadounidense no se produce porque algunos defensores de la legalización de la marijuana se quejaron de que de alguna forma la reforma de la marijuana medicinal no era “suficiente”. Por supuesto que nunca fue el objetivo político final de tantos que hicieron el trabajo duro para hacerlo. Pero los pasos de recien nacido ahora han hecho un salto evolutivo hacia adelante para hacer un cambio mayor. Por lo tanto, este es un buen momento para señalar que los lloriqueos y los berrinches de bebé de algunos otros en ese frente no tuvieron impacto en hacer que el progreso se diera. Su método de quejarse y de lanzar órdenes desde las bandas demostró, una vez más, su completa intrascendencia, sirviendo solo como distracción molesta a los que hacen el verdadero trabajo y se organizan.
Es por medio de esas victorias graduales—mediante métodos probados de organización comunitaria y resistencia civil—que el cambio más fundamental es posible, de hecho, llegó más rápido que lo que mucho soñaron 13 años atrás. Y ya sea que sus prioridades estén en el ámbito de la política de drogas, o el sistema de salud, o la política exterior, o en cualquier otro terreno, hay algo vital para aprender de esta lección particular de educación cívica.
ENGLISH
Monday’s memorandum by the Obama administration that the federal government will cease wasting law enforcement, prosecutorial (and correspondingly court) budgets on arresting and raiding medical marijuana dispensaries and patients came as the next logical step in what has primarily been a textbook organizing campaign from below.
The history is instructive on how small steps lead to big change, and is worth study by all who clamor for progress on many fronts: from bringing about national health care to ending the US embargo of Cuba to immigration reform to overhauling an entire economic system, to each and every “issue” one might advocate.
Much of my work as a journalist in the 1980s and 1990s was in the realm of reporting on US drug policy and the movements that sought to repeal or reform it. In that I had a front row seat to the debates and discussions – always passionate, often rancorous – between advocates and organizations that worked to change those laws. There were natural tensions between, for example, those who saw drug prohibition itself as the cause of so much harm, violence and injustice and concluded (as I do) that repeal of prohibitionist laws against all drugs – including those which are addictive or cause clear risks to their users - is a necessary step for any society that yearns to breathe authentically free. Others, representative of tens of millions of Americans who use marijuana recreationally or medically, simply wanted to establish their own right to do so in peace, without much regard to the related societal harms on people that were not demographically like them.
Conferences would be held and those matters of philosophy and strategy would be argued strenuously but meanwhile the drug war marched on as a literal war – with its own armaments, POWs and death toll – by the US government against its own people and against many in other lands.
In the mid-1990s, some forward-thinking advocates of drug policy reform concluded that the big, central matter – whether recreational drugs should be legalized or not – was simply too big and confusing a matter for so much of the public to tackle all at once. Even the matter of legalizing relatively harmless marijuana was overwhelming in terms of public opinion. As the Gallup poll graph above recounts, in 1996 only 25 percent of Americans favored legalizing marijuana, with 73 percent opposed. Any organizing strategy under such overwhelming negative numbers that chose polarization over organizing was doomed to fail.
And so some pioneering voices and organizers set about on a path of incremental change. They chose to hit hard upon a brittle crack in the drug war artifice: that even if three-quarters of Americans did not then want cannabis legalized for everyone, a critical mass had grave misgivings about policies that persecuted people who were ill – with glaucoma, cancer, AIDS, MS and other ailments - and needed the plant as medicine.
The debates today over health care and other matters seamlessly echo those that took place among drug policy reform advocates in the mid-90s. Those who embarked on a strategy of incremental change were often vilified by natural allies who said that such a step-by-step path did not move fast or far enough. In some cases, entire organizations were shattered and splinter groups formed in their place, competing for the same supporters and funding. We all know how that story goes. Friendships in that milieu of drug policy reform, too, were lost in the divisions, egos and hard feelings. There have always been, and perhaps always will be, those who argue that by urging incremental change a movement abandons its core principles. But in the end, history moves one step at a time, and more often than not it is those who walk rather than sprint that emerge triumphant.
Thirteen years later, those who enacted the incremental strategy have proved correct, indeed, prophetic. In 1996 – over the objections of some pot legalization groups and individuals – citizens in California and Arizona placed medical marijuana referenda on their state ballots. The California measure – legalizing the possession of up to eight ounces or 18 plants of grass - passed with 56 percent support. In Arizona – thought to be a more “conservative” state – a measure allowing physicians to prescribe medical marijuana won 65 percent of all votes (there, the state legislature quickly repealed the new law, so citizens put it on the ballot again two years later and repeated their victory).
Shifting from mere activism and advocacy to a referendum strategy also forced significant swathes of drug policy reform movements to enter a new phase: that of community organizing. Referenda in most states require the collection of signatures, which means advocates had to get out of the circle jerk cycle of endless meetings and internal debate and go out there, door to door, to recruit from the general public. Once they got the proposed laws on the ballot that meant campaigning for votes. This marked a paradigm shift in what had been a self-marginalized reform movement: a wake up call
In 1998, again by pursuing this strategy of community organizing, the states of Oregon, Washington and Alaska followed suit with similar measures. Maine followed in 1999. In 2000, Colorado, Hawaii and Nevada voters did the same. Since then, Montana, New Mexico, Michigan, Rhode Island and Vermont became medical marijuana states, and Maryland allowed medical use as a defense in court. Four of those states – California, Colorado, New Mexico and Rhode Island – have legalized clinics and dispensaries where cannabis can be distributed legally to the patients who need it.
During these years – and the battle has been particularly focused in California – the federal administrations of George W. Bush and William Jefferson Clinton before him disrespected those expressions of democratic will and sent the US Drug Enforcement Administration (DEA) and federal prosecutors to raid medical marijuana clinics, arrest, fine and imprison providers and patients alike. And looking up again at that Gallup graph you can see how during those years public opinion on the larger question of legalizing marijuana for everybody that wants it has taken a fast turn toward outright repeal of prohibition.
The community organizing phase – that of referenda on the state level – quickly gave birth to a bona fide civil resistance movement: one in which tens of thousands of Americans openly committed nonviolent civil disobedience against federal law to implement the new state laws allowing distribution of medical marijuana to patients. The federal raids against cannabis dispensaries and patients provoked the public conscience and demonstrated the fundamental immorality and ineffectiveness not just of US enforcement against medical marijuana but also of pot prohibition overall. And public opinion on the wider question moved markedly toward legalizing marijuana.
In the Western states, according to Gallup, an outright majority of 53 percent of citizens now favor marijuana legalization compared to 46 percent against. Well, that makes perfect sense: that is precisely the cluster states that led the charge on the smaller matter of medical marijuana and where community organizing and civil resistance have garnered the most support and attention: thus, there is a causal effect of such organizing and resistance on public opinion.
With that shift in public opinion came a leading presidential candidate in 2007 and 2008 who pledged to end the raids of medical cannabis dispensaries in states that make them legal, and just ten months after his inauguration, President Obama has now made good on that promise, one that wasn't his idea but, rather, of his organizer's ear being able to hear the din that had been caused by the organizers from below. And with that paradigm shift in federal policy, expect to see public opinion continue to break steeply in favor of repealing the prohibition altogether.
The history textbooks will note forevermore, when looking back at how the United States repealed pot prohibition (something that will likely now come in most of our lifetimes) that it was the strategy of incremental change that opened the floodgates to fundamental change. The same will be said of how the US embargo of Cuba was ended (granting Cuban-Americans the right to travel there inexorably will extend that freedom to all US citizens). The same will be written of immigration policy. And – if you can weed through the griping about whether this year’s health care reform goes far enough or not – I think a similar path of incremental steps to change will provoke a very similar dynamic toward wholesale change. Short of revolutions – which happen when incremental change is made impossible by the authoritarian nature of regimes - that is how change usually happens.
There have been many, many unsung heroes and heroines of these organizing and resistance battles that in thirteen short years have changed public opinion on marijuana prohibition – often at considerable risk and sacrifice to their own freedom and safety – but a very special place in history will be reserved for Ethan Nadelmann, today the director of the Drug Policy Alliance. It is fitting that he is profiled favorably in the current issue of Newsweek. Back in the early 1990s, it was Nadelmann who coalesced and gave narrative to the disparate voices and advocates who sought to launch a strategy of incremental change, and not only on marijuana policy, but also with “harm reduction” measures regarding the problems prohibition has brought to users and to society when it comes to other drugs.
He and the tens of thousands of Americans that went door to door to put those referenda on the ballot, and who subsequently risked so much in their civil resistance to the federal clinic raids, have just stepped through the threshold of history, and from the momentum of this most recent triumph will live to struggle and usher in more sweeping changes to US drug policy as a result. This week's victory now provides a roadmap for organizers in each of the 50 states to further change policy by doing so at the state level. (No victory is ever final: It opens the door to the next.)
But there is also a lesson here for the cynics who, in lieu of participating in community organizing and civil resistance campaigns, preferred to talk trash against step-by-step movements for change on any policy front and pose as somehow more “radical” or “pure.” This latest paradigm shift in US policy did not come about because some marijuana legalization advocates complained that medical marijuana reform wasn’t somehow “enough.” Of course it never was the final policy goal for so many that did the heavy lifting to make it so. But baby steps have now made an evolutionary leap forward toward the bigger change. Thus, this is a good moment to point out that the whining and Chicken Little tantrums of some others on that front had zero impact on making progress happen. Their method of complain and bark orders from the sidelines proved, once again, completely inconsequential and only served as annoying distraction from those doing the real work and organizing.
It is by winning those step-by-step incremental victories – through proven methods of community organizing and civil resistance - that more fundamental change is made possible, indeed, likely to come faster than many dreamed just thirteen years ago. And whether your priorities are in the realm of drug policy, or health care, or foreign policy or anything else, there is something vital to be learned from this particular lesson in civics.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario